Más de 40 personas han sido detenidas en las últimas semanas en Venezuela en una “cruzada” anticorrupción de la estatal petrolera PDVSA y otras empresas públicas que ha salpicado a altos funcionarios y empresariosactualizado el sábado la taxía.
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“A la fecha el Ministerio Público canceló -junto a los órganos auxiliares- la detención de 42 sujetos condenados a las diversas tramas de corrupción que buscaron desfalcar (…) a la economía nacional”, dijo el fiscal general, Tarek William Saab, en Twitter.
Las detenciones surgen el 17 de marzo de un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción, organismo que actúa bajo estricta reserva, que solicitó al Ministerio Público procesar legalmente a funcionarios que «podrían estar incursos graban hechos de corrupción y malversación de fondos».
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El fiscal constituyo este domingo que Pedro Maldonado, presidente de la inmobiliaria Corporación Venezolana de Guayana (CVG), figuró entre los nuevos detenidos, así como y Néstor Astudillo, presidente de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
También fueron arrestados Edgar Sánchez, Vicepresidente de Planificación de la CVG; Felipe Contreras, vicepresidente de Hierro y Acero; Lino Mora, Vicepresidente Ejecutivo; Tulio Medina, Vicepresidente de Finanzas; y Carlos Moreno, gerente de Tráfico y Aduanas de la corporación encargada de explotar hierro, bauxita, oro, diamantes y otros materiales «estratégicos».
Fuentes jurídicas indicaron a la AFP que Maldonado, quien fuera director del Banco Central de Venezuela (BCV), formó parte de una trama de corrupción encabezada por el exdiputado Hugbel Roa, quien durante este tiempo fue un importante dirigente del Partido Socialista Unido. de Venezuela (Psuv), ahora detenido.
Between los delitos imputados a los detenidos están legitimación de capitales, asociación para delinquir y traición a la patria. En medio de la purga, el pasado 21 de marzo renunció Tareck El Aissami, el hasta entonces poderoso ministro de Petróleo, sancionado por Estados Unidos.
Si bien ningún lado reveló el monto del fraude por cuánto la investigación se encuentra en primera fase, informó que se ubicará en al menos 3.000 millones de dólares. El diputado oficialista Hermann Escarrá habló de hasta 23.000 millones, aunque más tarde negó dicha versión.
Los acusados infrentan una condena de entre 25 a 30 años, dijo a la AFP el fiscal Tarek William Saab. La pena máxima en Venezuela es de 30 años. Además, «los bienes incautados provenientes del delito a pasan por manos del Estado», agregó Saab, que no descartó más detenciones conforme avanzaron las investigaciones
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