Chile: escándalos de corrupción que salpican el entorno del presidente Boric – Latinoamérica – Internacional

El entramado de corrupcion conocido como Caso convenios convertido en el talon de Aquiles del gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, que llegó al poder el año pasado bajo la promesa de renovar las prácticas vitales de la política, no solo con rostros nuevos, sino con una forma de eje de forma más transparente y conectado con las necesidades de la gente.

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No obstante, hace un mes, cuando se conoció sobre la adjudicación de un millonario contrato a Daniel Andrade, entonces la pareja de la diputada oficialista Catalina Pérez en la región de Antofagasta (norte), todo parece demostrar que el hecho, lejos de ser aislado, se convirtió en la punta de un iceberg que había venido derritiendo y ya abarca investigaciones en casi una decena de regiones de Chileen las que se han identificado prácticas similares con los recursos entregados a fundaciones por el Ejecutivo.

“No pongamos las manos al fuego por nadie y casos de estas características, no estamos exentos de que sucedan”, sostuvo Boric al ser consultado hace unos días por el escándalo que salpicaba a Revolución Democrática, uno de los partidos que integran su coalición de gobierno.

Y los 530.000 dólares que fueron entregados a la fundación Democracia VivaLas autoridades pusieron la lupa sobre al menos 10 organizaciones sin ánimo de lucro que recibieron recursos para realizar labores que no estaban asociados a sus especialidades, y aquellos vínculos se extendieron a delegados presidenciales, ministros y asesores del Gobierno.

“El gobierno del presidente Boric hizo una campaña electoral diciendo que venian a renovar la política, que venian, literalmente, con una moral distinta. Hoy día se encuentran sumergidos en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de nuestro país, donde se comprobó un verdadero mecanismo que consistía en crear nuevas fundaciones a las cuales se le entregaban fondos millonarios a través de adjudicaciones directas”, señala a EL TIEMPO Juan Antonio Coloma, delegado del partido de oposición a la Unión Democrática Independiente (UDI).

Desde el partido de la coalición gobiernista del Frente Amplio, salpicado en el Caso Convenios, aseguran que el escándalo se ha enfrentado con «proactividad y severidad» ante la gravedad de las armas.

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«Hemos expulsado a las personas directamente involucradas, suspendido los derechos políticos de la diputada Catalina Pérez y tomado medidas vinculadas a la formación política para evitar que este tipo de cosas nos vuelvan a suceder», le admitió a este diario el diputado Jaime Sáez, de Revolución Democrática.

las medidas

Tras la ola de escándalos, el gobierno de Boric anunció la creación de una comisión de investigación entre el estado y las fundaciones, y los mecanismos generales para la lucha contra la corrupción entre la clase política y las entidades privadas sin la ayuda del lucro.

El organismo está presidido por la directiva de la ONG Chile Transparente, María Jaraquemada, quien en diálogo con EL TIEMPO aseguró que las reciientes polémicas tienen un impacto tanto en el Gobierno como en los partidos involucrados. “Hay que destacar que los partidos políticos tienen una muy baja confianza ciudadana hace muchos años atrás y por lo tanto, esto lo que hace es que no permite que jore esta situación”, aseguró la abogada.

Para Jaraquemada, en Chile se pueden perfeccionar los mecanismos de entrega de recursos porque muchas veces otorgan mucha discrecionalidad y poca transparencia y rendición de cuentas, lo que no permite que haya mayor control social y que se puedan prevenir las irregularidades.

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«No es que en Chile haya que permitir legalizar la comisión de prácticas o ilegalidades, lo que sí hay es que efectivamente hay una institucionalidad o ciertas prácticas para hacer transferencias de recursos a organizaciones de la sociedad civil que pueden ser aprovechadas por personas que quieran , en el fondo, cometer irregularidades o cometer algún tipo de delito”, señaló.

Aunque Chile ha sido considerado uno de los países con menos índices de corrupción en América Latina, junto a Uruguay, esa percepción comenzó a cambiar del año 2015 y estancó en 2017.

Los contratos millonarios estatales cedidos a un círculo cercano del Ejecutivo no son algo exclusivo del Gobierno actual. Uno de los convenios investigados fue establecido durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, en cuyo mandato se aprobó el reglamento que estaría abriendo las puertas a subsidios ilegales a entidades privadas.

A esto se suma la investigación en la fundación Horizonte Ciudadano, creada por la expresidenta Michelle Bachelet en 2018 y que hubiera recibido de manera irregular cerca de 465.000 dólares para un programa de prevención de la violencia en niños y adolescentes de la región del Biobío (sur).

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“Si detecta alguna sospecha, el Gobierno regional debería abrir una investigación administrativa y determinar si las ayudas constituyen o no una irregularidad. Por el momento, eso no es claro”, aseguró la vocera del gobierno chileno, Camila Vallejo. Mientras tanto, la popularidad del presidente Boric sigue a la baja y suma apenas un 28 por ciento, según la encuesta Cadem. Su favorabilidad ha caído de forma consecutiva durante tres semanas con una desaprobación del 68 por ciento.

Un panorama oscuro al que suman las críticas de sectores de la oposición que le cuestionan a Boric su gira a Europa, par participante en la Cumbre UE-Celcac, en momentos de máxima tensión en el país sacudido por las viejas prácticas políticas que su gobierno había promisido erradicar.

ANDREA AGUILAR CÓRDOBA
PARA EL TIEMPO
SANTIAGO

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